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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 28 de octubre de 2011cermi.es semanal Nº 8

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Elecciones generales

El CERMI exige a los partidos políticos que las demandas de la discapacidad se respondan en clave de derechos

22/10/2011

El CERMI ha reclamado a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre que asuman el compromiso de atender las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias desde la óptica de los derechos.

En España, las necesidades sociales de la población tradicionalmente han recibido una respuesta política y jurídica de bajo perfil: atender según se pudiera y hubiera disponibilidad. No han sido entendidas como cuestiones de derechos, de derechos subjetivos de ciudadanía. Ahora la visión es la de derechos y así se ha de avanzar política y legislativamente.

Los servicios sociales, por ejemplo, han de adquirir el rango de derechos subjetivos, universales, vinculantes y exigibles. España debe plantearse la promulgación, en el ámbito estatal, de una Ley de Garantía de Derechos y Servicios Sociales, que establezca la obligación de resultado a fin de que todas las personas con necesidades de apoyo para su inclusión social contaran como derecho subjetivo con los dispositivos y recursos apropiados para asegurar unas condiciones de vida dignas.

Además, se ha de asumir el enfoque inclusivo. Las legislaciones, las políticas, las estrategias y la acción pública en materia de discapacidad, en todos los planos y esferas (nacional, autonómico y local) han de incorporar plenamente la perspectiva inclusiva que comporta el abandono de modelos que segreguen, aparten o separen a las personas con discapacidad del curso ordinario de la vida en comunidad, asegurando su poder de decisión en todo aquello que les concierna y la libre opción para llevar un modo de vida participativo conforme a sus preferencias.

La garantía de derechos, la protección contra la discriminación y las exclusiones, la oferta y puesta a disposición de apoyos deben estar dirigidos siempre a que la persona con discapacidad esté en condiciones de materializar su derecho a ser incluida en la comunidad y a disfrutar de una vida independiente.

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